Quito – El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo hoy que no le quita el sueño el informe de Human Rights Watch (HRW) que señala que la Ley de Comunicación del país contiene “disposiciones poco precisas” y “regula a los medios audiovisuales y escritos de un modo que cercena la libertad de prensa”.

HRW es libre de cuestionar pero “aquí encontrarán siempre respuesta”, comentó Correa.

“No voy a poder dormir, ya vamos a pedir la derogación de la Ley de Comunicación porque la solvencia moral de Human Rights Watch es incontestable”, ironizó Correa en un encuentro con la prensa extranjera en el que consideró que se debe decir “basta de tantos ídolos con pies de barro”. HRW es libre de cuestionar pero “aquí encontrarán siempre respuesta”, comentó Correa, quien considera que el poder mediático es uno de los “más grandes del mundo”.

En su opinión, la sociedad tiene “el derecho y el deber” de controlar los poderes político, mediático, económico y religioso, entre otros, y subrayó que para eso son las leyes. Recordó que el pueblo ecuatoriano aprobó en las urnas la necesidad de una Ley de Comunicación para “regular ese poder inmenso que es el mediático”.

“Como ya no tienen impunidad, patente de corso para hacer lo que les da la gana, por supuesto tiene que activar el ‘lobby’ internacional y tener sus ongs, sus corifeos, etcétera denunciando cualquier barbaridad”, apuntó.

El crítico informe de HRW

En el capítulo de Ecuador del informe anual divulgado ayer, HRW se muestra especialmente crítica con la situación de la libertad de expresión y dice que la citada ley “contiene disposiciones imprecisas que posibilitan procesos penales arbitrarios y actos de censura”. Asegura que “Correa continúa empleando el derecho penal sobre difamación para perseguir a críticos”.

HRW también muestra su preocupación porque, a su juicio, “durante años el poder judicial de Ecuador se ha visto afectado por corrupción, ineficiencia e influencia política”. Además, el informe asegura que el “Código Penal contiene disposiciones excesivamente amplias sobre sabotaje y terrorismo, que en numerosas oportunidades han sido aplicadas indebidamente por fiscales contra quienes participan en actos públicos de protesta y otras convocatorias”.

También señala que las autoridades han intentado “reiteradamente desacreditar a defensores de derechos humanos acusándolos de procurar desestabilizar al Gobierno”.

Sobre las mejoras en temas de derechos humanos, el informe pone de relieve que “las acciones encaminadas a juzgar a los responsables de graves violaciones cometidas por autoridades gubernamentales entre 1984 y 2008 consiguieron avances notables durante 2013”.

Las críticas a HRW desde la izquierda

El problema con HRW, según voces críticas como las de Tim Anderson, profesor de economía política en la Universidad de Sydney, es su parcialidad en los informes emitidos sobre países como Cuba, Venezuela o en este caso Ecuador, a diferencia del trato de que tendría con otros países como Colombia o el mismo Estados Unidos.

Según explica Anderson, “el consejo directivo de HRW está igualmente dominado por la elite corporativa de EE.UU., como la banca y los grandes medios de comunicación, y algunos académicos, aunque no por funcionarios del gobierno. El consejo directivo incluye al ex ministro de Asuntos Exteriores mexicano Jorge Castañeda (académico que una vez fue marxista reconvertido en político de derecha), mientras que el abogado de origen chileno José Miguel Vivanco es director de la División de las Américas de HRW”, señala en una columna publicada en el sitio links.org.au.

El académico recuerda cómo “Vivanco ha sido objeto de una gran controversia en América Latina a causa de sus ataques contra Venezuela y Cuba. Si HRW a veces parecía actuar con cierta independencia de la política exterior de EE.UU., por ejemplo cuando apoyó la “guerra contra el terrorismo” pero criticó las operaciones de este país en Iraq, éste no ha sido el caso en América Latina, donde el grupo ha seguido al pie de la letra la línea de Washington”, recuerda.

En 2008, un crítico informe sobre las libertades públicas en el gobierno de Hugo Chávez, le valió a Vivanco una comentada expulsión del país, luego de leer lo que —recuerda Anderson— se trataba de un escrito que, según el mismo Vivanco, fue escrito “porque queríamos demostrar al mundo que Venezuela no es un modelo para nadie”.