30 años, 30 pesos, 30 cargas del régimen neoliberal en Chile

por | Dic 7, 2020 | Textos | 0 Comentarios

“Esto no es lo que esperábamos de la democracia”. Las palabras de Salvador Millaleo en una entrevista en “Informe Chile Análisis”, a propósito del respeto a los DDHH, son un juicio compartido que se extiende a otros ámbitos de la realidad nacional. Esto que podríamos resumir como “desesperanza generalizada” sobre la actual organización del Estado y la sociedad, generó las condiciones para obligar la realización del plebiscito del 25 de Octubre. Ese día el país celebró el comienzo del fin de una era: 78% de electores aprobaron terminar con la Constitución de Pinochet, símbolo y corazón del régimen neoliberal.

Pero, ¿Qué es exactamente lo que queremos dejar atrás?

La pregunta es necesaria para pensar el futuro de Chile. Por lo pronto sabemos que, a pesar de irse el Dictador, el régimen efectivamente siguió, tanto o más duro, mostrando su rigor, su frialdad, su economicismo. De esto tenemos que hacernos cargo. La Constitución del 80 ató al país al modelo “neoliberal”. Un régimen que extiende sus tentáculos en los más distintos ámbitos de la realidad nacional.

En el detalle, el régimen neoliberal nos deja cargas, condicionantes, unas trabas forzosas que no podíamos cambiar, a menos que hubiesen 2/3 de acuerdo.

El grito por estos “dolores” se hicieron más claros desde Octubre de 2019, cuando millones de personas salieron a las calles para reclamar sus derechos. Entre ellos el más fundamental: el Constituyente, el derecho soberano del pueblo a autodeterminarse. Porque el régimen estaba siendo cruel. El mercado mandaba. Y las personas sufrían.

Foto: Juan Manuel Nuñez Mendez

Lo que sigue es un esfuerzo por registrar, ordenar y sintetizar los principales dolores que ha causado este modelo de sociedad de libre mercado. No es taxativo, pero sí con ánimo de abarcar la gran cantidad de demandas sociales del último año. Son 30 consecuencias dolorosas del régimen neoliberal en Chile. 30 cargas a superar de cara a una Convención Constitucional que deberá plantar las nuevas reglas de un nuevo trato en el país.

30 cargas del régimen neoliberal en Chile

1. El origen ilegítimo de la Constitución

Un “pecado de origen”. Las condiciones de creación de la Constitución, desde el rol de la Comisión Ortúzar, la dictadura, la denominación a dedo, las irregularidades del plebiscito para la instalación del régimen. Un problema que a simple vista es ajeno a nuestro presente, pero, tal como fue denunciado por el luego asesinado ex presidente de la República Eduardo Frei Montalva, pone en evidencia la imposición de una minoría por sobre la voluntad popular. Un problema de origen que tiene sus consecuencias hasta hoy.

2. El Estado atado de manos

El problema del Estado subsidiario como lógica de política pública irrenunciable para los gobiernos, es una carga que ha impedido que el Estado sea ser generador activo de iniciativas públicas. “Que el Estado actúe solo allí donde el privado no pueda hacerlo”, no está en la Constitución, pero esta sí traba activamente la generación de, por ejemplo, empresas o actividades productivas desde el Estado. Del otro lado, activamente las políticas incentivaron acción privada, vendiendo las sanitarias, eléctricas, y otras empresas que eran antes del Estado. Otros, ante la incapacidad de recaudar impuestos, generaron concesiones. Esa ha sido la Política Pública predeterminada: un Estado pequeño.

3. El mercado impuesto a todo

Como consecuencia de un Estado atado de manos, el mercado rige todos los aspectos de la vida en la sociedad chilena. No solo haciéndose cargo de gran parte del sistema de salud, educacional o de transporte, sino también midiendo en términos económicos, el éxito de la vida de las personas. Este genera además un poder político generado en la economía, ejemplificado por ejemplo en el poder negociador de gremios como los camioneros, entre tantos otros casos en que el poder económico manda, como por ejemplo también en las relaciones laborales o el acceso a la cultura.

4. El Estado policial-militar

En la organización del Estado, fuera de los reflectores, se ha organizado una administración burocrática, violenta y pacífica, de la vida. Se hace presente en la militarización de la región de la Araucanía, las políticas de control de identidad, la criminalización de la protesta, las restricciones al derecho a reunión, la vigilancia de Carabineros, la persecución a líderes estudiantiles y medioambientales. En el último año esto ha tomado cuerpo en los proyectos de leyes de Inteligencia del gobierno de Sebastián Piñera. Y, por sobre todo, en el fortalecimiento de una institución policial corrupta, poderosa hasta el punto de la autodeterminación e impunidad administrativa.

5. El Ejército con privilegios y corrupción

El Ejército, por otro lado, garantizó que el régimen se instalara. Como tales, consagraron, para sí, privilegios que tras 30 años los distanciaron abrumadoramente del resto de la sociedad chilena. Algunos de estos privilegios incluyen, sistema de pensiones separado, la ley reservada del Cobre para financiamiento de la institución, sistemas de salud propio y separado. La corrupción llegó como consecuencia: En marzo de 2019 el Milicogate dejó en evidencia que, a pesar de todos los privilegios, el sistema institucional permitía y se utilizaba de forma corrupta para sacar aún más dinero del Estado. La desigualdad y la corrupción estaba institucionalizada. Denuncias como las de Rafael Harvey, capitán dado de baja de la institución por denunciar.

6. Las violaciones a los Derechos Humanos como política

Las violaciones a los Derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1989 encontraron un triste reflejo y repetición entre 2019 y 2020. Aunque no con las mismas prácticas, demostró que la represión de la disidencia y de lo que no es cómodo para el sistema, está permitido para resguardar el orden impuesto. Como correlato, el sistema Judicial no colabora en la garantía de esos derechos. De miles de causas por violaciones a los Derechos Humanos solo un mínimo porcentaje ha encontrado reparación o castigo a los culpables. El cuerpo sacrificado es parte de las condiciones para que el régimen se mantenga. Los últimos fueron los muertos de la revuelta de Octubre. Y los más de 400 que perdieron sus ojos por disparo de balines. Otros pasaron presos más de un año sin pruebas en su contra.

7. La sociedad individualista, desconfiada y despolitizada

Otra carga del régimen es la destrucción del tejido social. En los hechos esto se demostraba en una baja permanente de la participación en las elecciones, la ausencia de educación cívica en los colegios, la desconexión de los partidos políticos, la eliminación de las facultades de los colegios profesionales, el eliminado poder de los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil sin capacidad de participación en las decisiones. El “no estoy ni ahí” que se popularizó, la participación voluntaria en las elecciones. Entre todo eso, el crecimiento de la desconfianza como un hecho cierto en la sociedad chilena. La lógica del “sálvese quien pueda”, nos ha constituido.

8. Medios organizados para ser útiles al sistema y al poder

Otro efecto de la mercantilización de todos los aspectos organizativos e institucionales de la sociedad. Los medios en Chile, especialmente la televisión y los diarios, están concentrados en la propiedad de pocas empresas. No habiendo condiciones para una ley de medios, que por ejemplo regule la concentración, por otro lado las empresas estatales existentes, como La Nación o Televisión Nacional de Chile, han sido poco a poco desmanteladas de sus principios o financiamiento. Así los medios de comunicación masivos quedan condenados a tener financiamiento por publicidad desde las empresas que están interesadas en mantener el orden existente, y esconder la corrupción o los abusos. Con ello no hay incentivos para el rol periodístico de resguardo de la democracia. En Televisión Nacional de Chile, el Directorio se cuotea políticamente y la publicidad estatal fluye solo para los grandes medios. Como consecuencia, la búsqueda del control de la opinión pública, como ocurrió en el Estallido de octubre, es una realidad.

9. La riqueza extrema y concentrada

Según sintetiza el estudio Familia y Pobreza Relacional de la PUCV a pesar de que el ingreso percápita llega a los US$25,8 mil, el 1% de la población concentra el 26,5 % de la riqueza y el 66,5 % reúne sólo el 2,1%, lo que nos posiciona como el séptimo país más desigual del mundo.  La línea de la pobreza por hogar, en tanto, “es de $353.735, en circunstancias que el sueldo mínimo bruto hasta el año 2019 era $301.000 incrementado por el Gobierno a $350.000 brutos, considerando un subsidio de $49.000. La desigualdad económica es una realidad. Y el “chorreo”, la suposición de que al generarse más riqueza esta permearía a las clases más bajas, nunca fue. El sueldo mínimo no alcanza para vivir, las personas deben obtener créditos para financiar el costo básico de la vida, además deben pagar impuestos regresivos a través del IVA. Como consecuencia, la riqueza y el poder si sigue concentrando, fluyendo hacia arriba y no hacia abajo. Hacia las 3 comunas más ricas de Chile va el dinero, donde se concentran los dueños de las mayores fortunas. Los mismos que votaron mayoritariamente por mantener la actual constitución. Una realidad explosiva.

10. La política corrupta

Como correlato, durante muchos años el sistema se organizó creando una política desconectada, dedicada a administrar el régimen. Malas prácticas como los sobresueldos, el financiamiento de la política a través de distintas estrategias, financiamiento por parte de las grandes empresas, el cohecho, ayudado por la inefectividad de las sanciones para delitos de corrupción política, consagraron una relación dinero y política que es parte del sistema subsanado solo recientemente. Tampoco hay incentivos para salirse de ahí. Además, se perpetuaban las familias con “escaños reservados” en el congreso, apellidos que se repiten por generaciones, manteniendo el orden, reproduciendo las élites, ingresando a familiares para perpetuar el poder.

11. Los abusos empresariales como agenda permanente

La Polar, los pollos, las farmacias, el confort, los refrigeradores, las navieras, los supermercados, los pañales, los médicos, el retail, las radios, los buses, los laboratorios, la lista de actores y bienes involucrados en los casos de colusiones que ha vivido el país durante los últimos 20 años y más, es inmensa. Si además se consideran hechos como la privatización de las sanitarias y la fijación de tarifas eléctricas y regulación general. El abuso empresarial se ha originado como una tendencia a la generación de monopolios, naturales o ficticios, con el fin de asegurar los privilegios. Del otro lado, el consumidor, aquel que reemplazó al ciudadano, aparentemente beneficiado por la libertad de elegir, en realidad era víctima de acuerdos que solo beneficiaban a los dueños de empresas. Mientras son abusados como clientes.

12. La impunidad para los poderosos

A la agenda de abusos empresariales, y la corrupción política, se sumaban las elusiones de impuestos. Sin embargo, todas ellas, terminan en casos de impunidad pactada, en el SII o en el poder judicial. Ya sea en la práctica o porque el sistema no considera más grave los delitos de cuello y corbata. Abusos empresariales o corrupción terminaron en clases de ética y casos de pedofilia en la Iglesia Católica terminan en la más grande oscuridad. No hay consciencia del daño que estos implica a la fe pública. Las condonaciones de multas por impuestos no pagados, a SQM, las platas robadas por Pinochet y las propiedades de CEMA robadas por Lucía Hiriart son las distintas caras de la misma moneda.

13. Clasismo y cárcel para los pobres

Del otro lado, la pobreza es encarcelada. Las penas para delitos menores han sido históricamente mucho más altas y efectivas que para delitos de grandes sumas de dinero. “Hay Justicia para ricos y justicia para pobres”, es una frase común. Mientras Chile está en el lugar 63 de 217 países en el ranking de mayor encarcelamiento per cápita, la historia carcelaria está marcada por la tragedia en 2001 en que 81 internos murieron por un incendio en la cárcel de San Miguel. Uno de ellos no pudo juntar dinero para la fianza por vender CD pirata. Pero ese es solo el último eslabón de la cadena. Un clasismo estructural segmenta drásticamente a las personas. Por comunas, por preguntas como ¿De qué colegio saliste? Por la discriminación de los empleadores a las personas que viven en comunas pobres, por el color de la piel, del pelo, de la forma de hablar. Estas diferencias socioeconómicas también se perpetúan a través del régimen educacional que entrega otra educación para quienes pueden pagar. El régimen alimenta la discriminación hacia todo lo que pueda significar pobreza.

14. El trabajo desprotegido

El Código del trabajo impuesto por la Dictadura Militar otorga plena libertad de despido “por necesidades de la empresa”, con un sistema de indemnización débil. No se permite la negociación colectiva por rama o territorio ni la titularidad sindical. En la pandemia esto fue más radical con un proyecto de ley que permitió el uso de los fondos de cesantía de los trabajadores para mantener sus empleos. Esto, cuando tener trabajo en Chile no asegura salir de la pobreza. La informalidad laboral campea y es más alta en mujeres quienes además deben soportar una brecha salarial que privilegia a los hombres. El llamado “emprendimiento” ha disfrazado la verdadera política del “sálvese como pueda”.

15. El presidencialismo extremo

Para ponerlo en palabras simples, el sistema impuesto por la Constitución chilena es lo más parecido a una monarquía presidencial. Los límites que posee el ejecutivo en su accionar son amplios, puede manejar la agenda legislativa al imponer las urgencias, puede vetar proyectos e incluso tener la facultad de sólo el presidente poder presentar proyectos que contemplen un gasto fiscal. Esto sin contrapeso y con superpisición directa al Congreso. El poder de veto se manifiesta cada vez que los proyectos presentados no concuerdan con las ideas de la minoría. Se frenan así los cambios.

16. El centralismo estatal

A pesar de que la Constitución indica que “la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley”, en la práctica, después de 30 años recién se elegirán autoridades regionales y aún los alcaldes deben negociar en Santiago los presupuestos y fondos para los proyectos comunales, presupuestos que además son muy dispares. Desde el poder central se dirigen las políticas, a través de los Ministerios, elegidos por el presidente, que a su vez lo bajan a regiones en la voz de sus representantes regionales. No hay incentivos para empresas con tributos regionales. Las autoridades locales tienen poderes reducidos por el control del presupuesto del poder central.

17. La Democracia Protegida

Las dos cámaras del Congreso permiten ser un filtro en varias etapas para la aprobación de las leyes. Mientras además existe una llamada “tercera cámara”, el Tribunal Constitucional que es utilizado cada vez que se cuestiona el régimen constitucional impuesto, teniendo una designación política.  Para las grandes reformas constitucionales los altos quorum, de 2/3 y otros cuórum calificados impiden reformas sustantivas en beneficio de palear los abusos del poder. Hasta 2005 existían los senadores designados, en su mayoría proveniente de las Fuerzas Armadas y se consignaba en la constitución el sistema electoral binominal. Todo muy controlado.

18. Un pueblo en arriendo o hacinado

La vivienda no es un derecho garantizado en la Constitución de 1980. Mientras, para 2020 se venden departamentos de 17 metros cuadrados por más de 50 millones de pesos. Esta inflación de los precios y mercantilización del suelo corre en paralelo con la existencia de 800 campamentos a nivel nacional. Al 2019, según la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la necesidad insatisfecha de viviendas llegó a 739.603 unidades (casas y departamentos). De los 2,2 millones de personas que necesitan vivienda, 58% viven allegadas. Sin techo, sin ingresos de calidad, sin acceso al crédito. Los que están en los quintiles más bajos son empujados a condiciones de vida indignas.

19. La educación como bien de consumo

Según datos recogidos por “38 cifras”, en Chile el mayor aporte al financiamiento de la educación superior lo realizan los hogares. “El aporte estatal es un poco más del 30% a diferencia de otros países miembros de la OECD donde esta cifra sobrepasa el 70%. Además, el sistema de educación superior chileno es el que cobra mayores aranceles a los estudiantes dentro de América Latina, análisis que incluye a universidades públicas”. Desde los 80 surgieron decenas de universidad privadas que se beneficiaron del Crédito con Aval del Estado surgido en democracia, donde los estudiantes quedaban endeudados con tremendos intereses a favor de la banca. María Música, Los Pinguinos, la “educación como bien de consumo”, y tantos otros episodios ocurridos en el contexto del debate de la opinión pública, son parte de la histórica lucha de los estudiantes en contra de normas y estructuras que reproducen la desigualdad y la Educación como otro servicio para ser vendido y que, en términos de calidad, reproduce a trabajadores útiles para los intereses de las empresas y no necesariamente para el desarrollo de una sociedad mejor. La PAA, la PSU, la LOCE y el problema del lucro han sido parte de esa problemática.

20. Un pueblo deprimido y enfermo

Como consecuencia de una sociedad organizada para la producción y el trabajo, los habitantes han sufrido las consecuencias de un régimen de explotación. En esta realidad Chile es el sexto país del mundo con menor satisfacción en el trabajo. Según el último estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible realizado en nuestro país, un 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte (AVISA) están determinados por las condiciones neuro-psiquiátricas. Para los niños entre 1 y 9 años un 30,3% de los AVISA se deben a estas condiciones, proporción que se incrementa a un 38,3% entre los 10 a 19 años. En las mujeres, los trastornos depresivos unipolares y los trastornos ansiosos se encuentran entre las primeras cinco causas de AVISA. En los hombres, los trastornos por consumo de alcohol juegan un rol preponderante, junto a los accidentes y violencias. Los problemas de salud mental afectan en mayor medida a las personas con menor nivel educacional, a los más jóvenes, a las mujeres, impactan de manera particular a personas de pueblos originarios y empiezan tempranamente en la vida: entre los niños de 4 a 11 años, un 27,8% presenta alguno de estos trastornos. Estos problemas se acentuaron por las condiciones extremas que impuso la pandemia del Covid19.

21. Salud si puedes pagar

El sistema público de salud, financiado por el Estado, a pesar de su eficiencia esta limitado en financiamiento y capacidades, mientras el sistema privado funciona de forma descentralizada, independiente y con financiamiento sujeto al mercado, donde participan, por tanto, los que pueden pagar. Esto ocurre respecto del sistema se Seguridad (Fonasa/Isapres) o de infraestructura (Hospitales/Clínicas). Es un sistema para ricos y un sistema para pobres. Mientras hay incapacidad del Estado para construir hospitales, aumentan las listas de espera. Ahí ocurren fenómenos como la precarización de los trabajadores TENS. Mientras los hospitales son concesionados y se contratan servicios al sistema privado generando flujo de dineros a las empresas privadas. La investigación científica y el desarrollo de conocimiento en salud no es prioridad. En el camino se perdieron iniciativas públicas como la fabricación de vacunas. Por si fuera poco, las colusiones de farmacias y laboratorios provocaron que los medicamentos para todo tipo de enfermedades tengan precios prohibitivos. Del otro lado, el sistema limita la investigación y desarrollo de otro tipo de medicinas, como las homeopáticas, o específicamente la de Cannabis, porque va en contra de los objetivos políticos de conveniencia.

22. Previsión social con objetivos financieros

Según 38 cifras, el sistema de AFP ha demostrado consistentemente que es incapaz de generar pensiones que permitan cubrir un estándar de vida mínimo para sus usuarios, en particular para las mujeres. “En concreto, a abril de 2020, al menos la mitad de los jubilados por el sistema no lograron alcanzar una pensión autofinanciada superiores a la línea de la pobreza por persona equivalente ($171.113), obteniendo las mujeres en promedio una pensión un 39,1% menor que las de los hombres. Esto es aún más extremo en el caso de los nuevos pensionados del sistema, quienes serían las primeras generaciones es completar toda su etapa laboral en el sistema de AFP, en donde al menos la mitad de los pensionados no alcanza la línea de pobreza extrema por persona equivalente ($114.075), con un promedio de pensión de un 61,2% más bajo para las mujeres y una mediana para las pensionadas de aproximadamente un tercio de la línea de pobreza extrema ya mencionada”.Para lo que sí ha servido el sistema de pensiones institucionalizado en al Dictadura es como instrumento para capitalizar el mercado de valores, entregando financiamiento a las empresas con los fondos de los trabajadores. Además han generado riqueza para las administradoras de pensiones. En tanto el sistema carece de solidaridad y efectividad. Surgió así el movimiento No+AFP para eliminar este sistema, e iniciativas judiciales y legislativas que buscaban permitir el acceso a un porcentaje de fondos, estas demandas aumentaron con la Pandemia de 2020.

23. Zonas de sacrificio, agua para los paltos

Si bien el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación está consignado en la Constitución, en la práctica vivimos en una crisis medioambiental donde actividades productivas contaminantes generaron zonas de sacrificio y el derecho de propiedad se privatizó del agua. Y el problema es grave al considerar aún las perspectivas de la crisis mundial. Quinteros, Mejillones, Tocopilla o Ventana son solo alguno de los tantos casos en donde se ha visto comprometida la salud y bienestar de la población tras la puesta en marcha de industrias mineras, gasíferas y químicas. Por otro lado, Hidroaysén levantó en la última década la cuestión de los efectos megaproyectos energéticos sobre el territorio amenazando con coptar un curso principal de agua en el país. Con los derechos de agua privatizados, en Petorca la disyuntiva se zanjó entregando agua a los paltos en lugar de las personas. Antes, casos como Ralco dejaron en evidencia los conflictos con las comunidades indígenas, enterrando cementerios. En todos esos casos el medioambiente no ha sido prioridad, tampoco la dignidad de las personas. “En Chile, el derecho a la propiedad es el único que cuenta y el resto es subordinado”, dijo Andrés Solimano, Doctor en Economía del MIT, para radio U. de Chile.

Foto: l odyssee belle

24. El machismo institucionalizado

Hay desigualdad de género que se refleja en desigualdad de ingresos. Pero también en violencia de género específica y en la cantidad de femicidios que ocurren en el país. También hay carreras para hombres y carreras para mujeres. Además, aún la ley establece controles legales sobre la mujer por parte del cómyuge. La violencia institucionalizada se refleja en situaciones como la respuesta de Carabineros frente a la mujer víctima, ignorándola. Del otro lado el trabajo doméstico de Empleadas de Casa Particular, que es realizado en su mayoría por mujeres, está precarizado con condiciones mínimas menores en relación con los otros regímenes de trabajo. La representación de la mujer es además baja comparativamente con los hombres. Asimismo, el machismo ha primado, en conjunto con ideologías cristianas, mermando los derechos de disidencias sexuales o de reconocimiento de identidad.

25. El Estado religioso travestido de laico

En el Artículo Cuarto del Capítulo I de la Constitución de 1980, la definición de nuestro Estado es: “Chile es una república democrática”, a diferencia de la de 1925 que indicaba “La Constitución asegura a todos los habitantes de la República: La manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos”. Como consecuencia, en la práctica, la iglesia siguió teniendo un rol preponderante en la definición de temas denominados “valóricos”. Sumado a que el Articulo 1 indicaba como los deberes del estado, la seguridad nacional y la protección de la familia, una tradicional formada por un hombre y una mujer. La dificultad de aprobar una ley de Divorcio o del matrimonio igualitario, son otras muestras de la influyente vinculación político-religiosa. Así se genera un grupo conservador que históricamente se ha opuesto a reformas que van en contra de la doctrina de la iglesia. Esta cultura se ha acomodado con la elite económica del país, como si fueran los elegidos de Dios, dictando lo que se puede y no se puede hacer en el país.

26. Pueblos indígenas violados e ignorados

En su visión nacionalista, la Constitución del 80 no considera ni valora la diversidad cultural de nuestro país: no reconoce a todos los pueblos indígenas y afrodescendientes presentes en nuestro territorio, y tampoco respeta los derechos de los pueblos a su tierra, su lengua y cultura, mucho menos su representación política, como lo han hecho en otros países (plebiscitoconstitucional.cl). Los pueblos originares, o primeras naciones, fueron excluidos de este Estado. Además, la represión militarizada de la policía es la regla. Y las políticas los han considerado un “enemigo interno” que debe ser dominado. Como se decía anteriormente, viven en zona militarizada y no tienen derecho a que sea respetado libremente el desarrollo de sus culturas.

27. Las libertades individuales ausentes

Si bien la Constitución señala en su inicio que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, en la realidad se producen distintas limitaciones a libertades como la sexual o sobre el propio cuerpo. Esta política limita las campañas públicas por enfermedades como el sida; el derecho al aborto; la eutanasia para una persona con una enfermedad agobiante. Lo mismo causó oposición de la derecha en la ley de divorcio, invocando el resguardo constitucional de la familia. Así también, regulaciones sobre el propio cuerpo como la sodomía, permanecieron hasta muy avanzada la democracia. Otras fueron de muy difícil avance como La ley de identidad de género. Libertades publicas, libertad de expresión, fin a la censura, democracia, entre otros, son conceptos que acá se demuestran en crisis.

28. La cultura al mejor postor

Dado que la cultura no es considerada una actividad productiva, a pesar de que incluso genera trabajo, su desarrollo se ha visto supeditada a la posibilidad de fondos concursables como política pública. Es decir, se trata de competir para tener financiamiento Los artistas no son sujetos del sistema previsional por trabajar en la informalidad y como tales terminan sus días en condiciones precarias. La cultura tampoco ha sido parte históricamente de los currículums escolares, predominando la formación de mano de obra. No vale. “La política cultural de Chile 2011-2016, a la cual se le han introducido conceptos como emprendimiento cultural, planes de negocios, servicios culturales e industria cultural, que buscan finalmente rentabilizar todo producto cultural en un ámbito que por su propia naturaleza no rentabiliza, o si lo hace, su rentabilidad es social y simbólica”, dice Julio Pasten Ángel. “El arte oficial durante este período se vincula a la economía, al producto, al nacionalismo, al espectáculo y la distracción, visión muy cercana a la de economistas como Smith, Ricardo o Bentham”.

29. La economía del extractivismo y la explotación

El cobre ha sido durante muchos años el llamado “sueldo de Chile”. El ciclo de alzas del metal solventó un crecimiento del país, pero esto solo se justificaba por las exportaciones y la demanda extranjera. Lo mismo con algunas otras actividades económicas de extracción, como la pesca, la producción de energía del agua, etc. Mientras tanto, las industrias en el país fueron decayendo o derechamente cerrando, frente a tratados de libre comercio que incentivaban la importación, ahí quedó la industria textil, de electrodomésticos, automóviles o cualquier desarrollo tecnológico más avanzado. El desarrollo de investigación de las universidades es escaso en comparación con otros asuntos producto de la falta de financiamiento del Estado. Esta explotación indiscriminada de los recursos naturales esta acompaña también de ausencia de carreras especializadas para aprovechar mejor los recursos. Todo se vende al mejor postor y el país se convirtió en un proveedor de servicios.

30. Los niños, al final

Un estudio de 2017 reveló que el Sename tiene a 200.000 niñas y niños a su cargo. Por su parte el Ministerio de Justicia debió admitir que en los últimos diez años hubo 1.313 muertes. Ese es solo un dato de crueles y duras políticas de abuso contra de los Niños y Adolescentes. Allí llegan los niños ya víctimas de un entorno de violencia o abandono que los deja desamparados. El Estado no es por su parte capaz de dar amparo o reparación. La mercantilización de los centros de acogida genera un interés más bien por tener la subvención del Estado. Un punto aparte es la política de caridad como lógica para solucionar problemas de poblaciones vulnerables. El caso de la Teletón es el más emblemático, dedicado a atender especialmente a niños funciona gracias a las donaciones de las personas y empresas. Del otro lado, la negación de los jóvenes como sujeto político, imposibilitados de votar antes de los 18. Sin embargo, son usados como objeto de campañas como “los niños primero”, cuando se trata solo de un discurso vacío.

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